La UE impone requisitos más estrictos para la importación de productos (siderúrgicos)
En el marco de la transición ecológica, la UE está ejercitando una mayor presión a los países de los cuales importa para que protejan el mercado nacional del llamado fenómeno de fuga de carbono (también conocido como deslocalización de CO2).
Este fenómeno se produce cuando las empresas con sede en regiones o países con políticas climáticas estrictas -como la UE- trasladan sus actividades de producción a zonas sin normativa climática o con una normativa menos estricta, lo que tiene importantes repercusiones en el medio ambiente.
La respuesta de la UE es el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), un instrumento para establecer un costo equitativo por las emisiones generadas en la producción de determinadas mercancías que entran en la UE. El Reglamento CBAM se firmó el 10 de mayo de 2023 y entró oficialmente en vigor el 16 de mayo de 2023, tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
A partir del 1 de octubre de 2023, la CBAM entrará en su fase transitoria y cubrirá inicialmente las importaciones de bienes específicos que tienen procesos de producción de altas emisiones: esto incluye cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno.
Durante la Fase 1, los importadores de estos productos deberán declarar las emisiones asociadas sin incurrir en ningún ajuste financiero. Este periodo pretende facilitar una transición gradual y permitir la implementación definitiva del sistema. En las fases siguientes, a partir del 2026, los importadores tendrán que comprar certificados de carbono equivalentes al precio que se habría aplicado si los bienes se hubieran producido de acuerdo a las normativas de la UE.
Este enfoque gradual -según fuentes de la UE- fue diseñado de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio, garantizando la igualdad de condiciones entre las empresas de la UE y las que no forman parte de ella, al tiempo que apoya los objetivos climáticos europeos.
Las asociaciones industriales de muchos sectores, incluidas las que representan a la industria del aluminio y del acero, se pronunciaron en contra de la medida. Eurofer sostiene que el nuevo marco normativo aumentará los costos operativos de los establecimientos siderúrgicos europeos y, en contra de lo esperado, obstaculizará su capacidad de invertir en iniciativas para reducir la producción de gases de efecto invernadero.
